Mogro, 8 de junio de 2.014
Los judíos vivían desde hacía siglos en los reinos de Castilla y Aragón pero su condición era distinta a la de otros súbditos: jurídicamente no formaban parte del reino, tan solo eran moradores de sus tierras, un pueblo aparte al que se le permitía vivir en sus territorios. Su lealtad a la corona estaba fuera de toda duda y sus préstamos habían financiado muchas de sus empresas pero de otros reinos de Europa habían sido expulsados ya y al amparo de una sóla fe Isabel y Fernando podrían alcanzar la unidad que tanto anhelaban.
Señalarlos y confinarlos en las aljamas no había servido de nada: el odio hacia los judíos estaba más vivo que nunca. Su expulsión sería beneficiosa para la paz de Castilla y les proporcionaría el favor de Roma, ahora que pretendían quedarse con parte de los fondos derivados de la bula papal destinada a la lucha con el infiel.
El 31 de marzo de 1.492, unos meses después de conquistar Granada, se ordenó salir a todos los judíos que no abrazasen la fe cristiana de los reinos de Castilla y Aragón, sin que tornasen jamás ni regresasen a ellos amenazándoles con que, si lo hicieran, incurrirían en pena de muerte sin otro proceso, sentencia ni declaración.
Solo mediante el pago de importantes cantidades algunos de ellos pudieron permanecer en Castilla o, cuando menos, abandonarla en mejores condiciones. El resto tuvieron que abandonar sus hogares...
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