ISABEL (XIII): Aragón también existe...

Mogro, 8 de junio de 2.014

Los celos y las infidelidades habían separado a Isabel y Fernando, instalados cada uno en su respectivo reino. Entre ellos sólo había distancia y silencio, pero ambos sabían distinguir entre las cuestiones de estado y sus desavenencias personales. El príncipe Juan debía ser proclamado heredero de la corona de Aragón y su madre, la reina de Castilla, debía asistir a la ceremonia: Isabel se trasladó hasta allí con su séquito y su esposo la recibió en la frontera de sus dos reinos.

En 1.484, nobles, caballeros, hidalgos y prelados, representantes todos de las Cortes Aragonesas, fueron convocados por Fernando II de Aragón, con plena consciencia y entera responsabilidad, para proponer a su hijo como sucesor a su corona, convirtiéndose así en su legítimo heredero. Nadie se opuso y, en su nombre, juró, hasta que él mismo pudiese refrendarlo, guardar lealtad y fidelidad a los fueros de su reino.

Isabel se había trasladado hasta Aragón para asegurar el futuro de su hijo, pero también para conocer mejor a su esposo y todo lo que allí le rodea: a Aldonza y al resto de sus hijos.

La paz había vuelto a su matrimonio. Para entonces ya había nacido Juana y la reina volvía a estar embarazada.
Meses después nacieron dos gemelos: un niño y una niña. El parto fue complicado. El varón murió y la vida de Isabel corrió serio peligro, pero sobrevivió.

No debería de haberse vuelto a quedar embarazada pero lo hizo. Tres años después aún dio a luz otra niña. Fue la última. Cinco eran los infantes: Isabel, Juan, Juana, María y Catalina. Ni ellos, ni su esposo Fernando, ni Castilla podían arriesgarse a perderla.


En 1.455, Alfonso, rey de Aragón y Sicilia, había dictado un mandato por el que quedaban abolidos los malos usos señoriales.
Hasta entonces, en Cataluña, los nobles no habían respetado aquellas disposiciones y seguían abusando de los remensas; el rey Fernando pretendía obligarles a acatar las leyes de Aragón.
La guerra santa que Castilla se disponía a librar en el sur de la península le obligó, sin embargo, a derogar la abolición con el fin de recuperar el favor de los nobles, organizar levas en Cataluña y disponer de sus ejércitos para luchar por la cristiandad contra el invasor musulmán, demostrando en la batalla su lealtad a la corona y su fe en Cristo, nuestro Señor.

La guerra contra el infiel estaba minando las arcas castellanas y aragonesas. Se habían subido sisas y alcabalas, y se había pedido préstamos a los nobles a cambio de futuras recompensas, pero no era suficiente.
El imperio turco amenazaba Europa y Castilla era el muro que podía contenerlo. Ese fue el argumento que Isabel y Fernando esgrimieron para pedirle al Papa que les concediese una Bula de Cruzada que permitiese a sus súbditos ver sus pecados perdonados a cambio de un donativo para la guerra, y que quienes no pudieran pagar obtuviesen la misma gracia si se unían a sus huestes. Además, la décima parte de las rentas eclesiásticas de Castilla, Aragón y Sicilia habrían de financiar la contienda, aunque un tercio del impuesto sería destinado a la lucha de Roma con el otomano, y el tribunal de la Santa Inquisición aceleraría los procesos pendientes para poder disponer de los bienes incautados a los herejes.

Entre tanto, en Francia, el rey Luis ha muerto. En su lecho de muerte ordenó devolver los condados del Rosellón y la Cerdaña a la corona de Aragón pero la regente no tiene intención de cumplir su última voluntad.
Fernando está legitimado para reclamar los condados pero, enfrascado en la guerra con el infiel, no dispone de hombres suficientes para luchar en otros frentes. Antes o después los recuperará y cumplirá el empeño de su padre para que por fin pueda descansar en paz, pero ésa será una guerra que de momento tendrá que esperar...
La bula papal hace que la aportación de los nobles catalanes ya no sea imprescindible. Libre de obrar sin su respaldo y amparado por el Papa, Fernando instaura en Aragón una Inquisición similar a la de Castilla, con fray Tomás de Torquemada como Inquisidor General, y escucha las peticiones de los remesas concediéndoles licencia para reunirse libremente y permitiendo, e incluso favoreciendo, su levantamiento contra los nobles para que éstos acudan a él suplicándole ayuda.
Con la victoria al alcance de su mano, no pudo convencer a los campesinos de que dejasen de luchar y aceptasen negociar. Él rey no podía consentir el triunfo de una revuelta popular: capturó y condenó a Pere Joan Sala, líder de los remensas, y reunió a éstos con los nobles para comunicarles la sentencia que habría de poner fin a su disputa, prohibiendo los malos usos señoriales en su reino y fijando el precio de redención que a partir de entonces habría de pagar un campesino para romper las ataduras que le ligaban a su señor.